El kirchnerismo aumentó más ayer la presión sobre los jueces de la Corte Suprema. Los diputados del Frente para la Victoria (FPV) que integran la Comisión de Juicio Político solicitaron la apertura de una investigación contra todos los ministros del máximo tribunal, como antesala de un proceso de remoción. Es una instancia similar a la abierta hace dos semanas contra el juez Carlos Fayt.
Como primer paso en el camino hacia un juicio político, los diputados señalaron a todos los jueces de la Corte por las presuntas irregularidades cometidas en la audiencia en la que se definió la reelección anticipada del Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribu-nal. Sobre la base de artículos periodísticos, la mayoría de Horacio Verbitsky, advirtieron que en la acordada 11/2015, del 21 de abril, se afirma que Fayt propuso a Elena Highton de Nolasco para la vicepresidencia del tribunal, cuando en realidad el juez no participó del encuentro, sino que firmó el documento más tarde, en su casa.
"Si le hicieron decir a Fayt cosas que no dijo, todos los jueces son responsables", había dicho a LA NACIÓN Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Juicio Político, hace diez días.
El FPV no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para avanzar con un juicio político. Pero, en medio del enfrentamiento abierto con los jueces de la Corte, y en especial con Lorenzetti, está decidido a exponer lo que considera serias irregularidades en el proceso de reelección del presidente del tribunal. "Si comprobamos que se cometieron ilegalidades, la oposición va a tener que pagar el costo político de rechazar el juicio", explicaron a LA NACIÓN en la bancada kirchnerista. La figura penal a la que apuntan es falsedad ideológica de documento público.
La decisión de ampliar la ofensiva, tomada en la Casa Rosada, se tradujo en un pedido formal por parte de los diputados a la presidenta de la comisión, Fernández Sagasti. Como intermediario quedó el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, quien recibió la nota ayer y hoy la girará a la comisión.
En concreto, se pide "la apertura de un proceso investigativo a fin de evaluar si los miembros de la Corte Suprema no han incurrido en alguna causal de remoción prevista en el artículo 53 de la Constitución". Sin embargo, anoche en el oficialismo negaban que se tratara de un pedido para investigar a todos los jueces.
El mismo camino se había seguido para la apertura del "proceso investigativo" contra Fayt, de 97 años. En ese caso, el pedido para que se iniciara la investigación lo hizo, el año pasado, el entonces senador Aníbal Fernández. El motivo era verificar el estado de salud mental del magistrado. Semejante laberinto procedimental tiene una explicación: la comisión no está facultada para abrir investigaciones de oficio, sino que tiene que hacerlo ante pedidos concretos.
Fernández Sagasti, espada jurídica de La Cámpora en el Congreso, todavía no fijó fecha para una próxima reunión de la comisión. Ayer nadie en el bloque que preside Juliana Di Tullio estaba seguro de cuándo se va a abrir la investigación. La sola presentación del pedido opera como presión sobre los jueces de la Corte y como forma de instalar el tema. "El pedido de Aníbal Fernández estuvo durante muchos meses en la comisión y sólo este año decidimos avanzar", explicó a LA NACIÓN un integrante de la mesa chica del bloque. De hecho, el "proceso investigativo" sobre la salud de Fayt avanza a paso lento. Todavía no declaró nadie.
Atentos a la polémica que habían generado las notas periodísticas sobre el procedimiento seguido para la reelección de Lorenzetti, la propia Corte se vio obligada a actuar. El 5 de mayo emitió un comunicado de prensa en el que se ratificaban las autoridades elegidas por medio de la acordada 11 del 21 de abril. El 13 de mayo dictó una nueva acordada, ahora con la participación en persona de Fayt, en la que se volvió a confirmar la reelección de Lorenzetti. En ese texto se reconoció que Fayt no había estado presente en la audiencia del 21 de abril, pero se sostuvo que la acordada era válida porque el magistrado había participado de la deliberación realizada la semana anterior.
Igual que en el caso de Fayt, los diputados kirchneristas aclararon en el escrito que el pedido de investigación "no pretende afectar el reconocimiento" por la "trayectoria" de los jueces, sino dilucidar los cuestionamientos publicados por distintos medios. Es sólo otro capítulo de una guerra de desgaste, que seguirá hasta el 10 de diciembre.
