Assange, un ciberactivista australiano que tiene un proceso abierto en Estados Unidos por haber publicado cientos de documentos secretos oficiales norteamericanos, permanece refugiado en la sede diplomática de Ecuador en Londres desde junio de 2012 mientras Suecia quiere interrogarlo por denuncias de abuso sexual.

Tanto el Reino Unido como Suecia negaron que Assange esté privado de su libertad y destacaron que el hácker, de 44 años, ingresó a la embajada de manera voluntaria.

La Fiscalía de Suecia dijo que el dictamen del organismo consultor de la ONU no afecta el caso y que Assange debe comparecer ante la Justicia sueca para ser interrogado, mientras que la policía británica ratificó que lo detendrá si sale de la embajada por haber violado su libertad bajo fianza cuando se refugió allí.

Assange llevó su caso al panel de la ONU, cuyas decisiones no son jurídicamente vinculantes, en 2014, por considerar que era un refugiado político cuyos derechos estaban siendo cercenados porque se le imposibilitaba viajar a Ecuador para asilarse en ese país.

El Grupo de Trabajo, con sede en Ginebra, falló a su favor, pero la decisión no fue unánime. Tres de los cinco miembros del organismo apoyaron la postura de Assange, mientras que otro disintió y el quinto se recusó a sí mismo.

"El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias considera que las varias formas de privación de la libertad a las que ha sido sometido Julian Assange constituyen una forma de detención arbitraria", dijo el presidente del organismo, Seong-Phil Hong, en un comunicado citado por la cadena BBC.

El Grupo de Trabajo "mantiene que debe ponerse fin a la detención arbitraria del señor Assange, y que debe respetarse su libertad de movimiento, y que debería conceder un derecho aplicable a una compensación", agregó la nota.

Assange rechaza las denuncias de dos mujeres que dicen que abusó sexualmente de ellas en Estocolmo en 2010 y dice que todo es parte de un complot para que Suecia lo extradite a Estados Unidos, donde hay una investigación penal abierta por las
revelaciones de WikiLeaks.

El panel agregó que, en su opinión, su resolución debe ser cumplida por Reino Unido y Suecia porque es "jurídicamente vinculante".

"Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias son jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos" de obligatorio cumplimiento, aclaró el órgano de la ONU.

Además, sus opiniones son consideradas como referentes entre las instituciones jurídicas internacionales y regionales, incluida la Corte Europea de Derechos Humanos, agregó.

Esto choca con la posición común adoptada por autoridades en el Reino Unido y Suecia, que dijeron que, incluso en el caso de que el Grupo de Trabajo declarase ilegal la privación de libertad de Assange, esto no tendría impacto en el proceso que se sigue en su contra.

"La declaración del Grupo de Trabajo no tiene ningún impacto formal en la investigación, de acuerdo con las leyes suecas", dijo la Fiscalía de Suecia.

En Londres, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que "Assange nunca ha sido detenido arbitrariamente" y que, en cambio, "está evitando voluntariamente una detención legal al elegir permanecer en la embajada".

Se enfatizó que "hay una acusación de violación pendiente y una orden de arresto europea" emitida por Suecia, a donde las autoridades del Reino Unido tienen la "obligación legal" de extraditarlo.

De forma concreta, el Grupo de Trabajo de la ONU establece que en el caso Assange se han violado los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco juristas de gran reputación que sirven a título individual y trabajan independientemente de cualquier gobierno u organización.

Se trata de personalidades del mundo del derecho que no forman parte del personal de la ONU ni reciben un salario por este trabajo.

La decisión ya había sido adelantada ayer por Suecia, que sólo había dicho que el organismo consideraba que era objeto de una "detención arbitraria".