El intendente de la localidad pampeana Lonquimay, Luis Rogers, afrontará desde este lunes un juicio oral y público, acusado de trata de personas para explotación sexual, por proteger y permitir el funcionamiento de un prostíbulo.

Es el mismo intendente que, al conocerse su vinculación con el prostíbulo, había dijo que el cabaret era "un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros".

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, también juzgará por el mismo delito al exsubcomisario Carlos Alaníz, responsable de la seccional policial de la localidad ubicada 67 kilómetros al este de Santa Rosa.

Protección política

El juicio, en el que intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi, también alcanzará a Carlos Eduardo Fernández, dueño del prostíbulo, y a Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se desempeñaban como encargados. Rogers está acusado de proteger el funcionamiento del prostíbulo "Good Night", en el que la investigación mostró se registraba explotación sexual de mujeres.

El intendente, que otorgó la habilitación bajo el rubro "servicios de salones de baile" y firmó las libretas sanitarias de las mujeres sometidas a prostitución, defendió públicamente las actividades en el prostíbulo.

La investigación indicó que el exsubcomisario de Lonquimay conocía la situación de las mujeres en el cabaret y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció amenazas de parte del dueño del local, Carlos Eduardo Fernández.

La justicia constató la relación fluida entre ellos, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino también documentada a través de las comunicaciones telefónicas. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

"Esparcimiento y contención"

Rogers, cuando se hizo pública su vinculación con el prostíbulo, dijo que "el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento". Y, sostuvo en esa oportunidad que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, a pesar de las denuncias registradas ante el Inadi y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

La investigación comenzó en 2009 a raíz de denuncias que derivaron en el allanamiento del prostíbulo el 28 de octubre. La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando el jefe de la Brigada de Investigaciones pidió la intervención del teléfono de Fernández, por presuntas irregularidades en su local. La investigación también vinculó al entonces subcomisario Carlos Alaníz y al intendente Luis Rogers con la actividad en el local de Fernández.

El caso que develó lo que pasaba

El 12 de septiembre de 2009, un hombre oriundo de Santiago del Estero denunció ante la policía que su novia era retenida por el dueño del cabaret "Good Night", y manifestó que había viajado por una oferta laboral y no se le permitía irse del lugar por una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.

La mujer logró salir del local y dijo en una presentación ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le "debía" dinero por gastos de comida y elementos de higiene.

En octubre de 2009, una mujer que había trabajado desde 2007 en el prostíbulo denunció en la comisaría de Lonquimay la vinculación del subcomisario con el intendente y el dueño del cabaret.

El sitio en Internet de los fiscales federales reportó que días después se allanó el prostíbulo y se constató la presencia de tres mujeres oriundas de Salta que dijeron trabajar en el lugar, y se secuestró un cuaderno en el que anotaban las "copas" y los "pases" que realizaban las mujeres.