Nacional, Wednesday 23 de August de 2017

Preocupada por la seguridad de su familia, Natalia Plá tomó su tablet para revisar las cámaras de seguridad instaladas en su casa. 

Advirtió que los albañiles que remodelaban la cocina habían dejado abiertas las puertas de la cochera. Convencida de que la vivienda estaba “regalada”, llamó a su esposo, Sebastián Cid, para que fuera a cerrar. Minutos después vio en la tablet cómo tres delincuentes armados irrumpían en la propiedad y, luego, cómo escapaban en una camioneta después de haber asesinado a su marido.

También pudo ver cuando uno de los asaltantes reingresó para llevar arrastrando a un cómplice, que Cid había herido al defender a su familia. La última secuencia aumentó su angustia: furiosos por haber encontrado resistencia, los delincuentes abrieron fuego contra la planta alta, donde se habían refugiado las hijas de la pareja y la empleada doméstica, publica el diario La Nación.

Eso pasó el 29 de enero de 2015 a la tarde en una vivienda en Balcarce 1335, Acassuso. Ahora, un tribunal de San Isidro condenó a cuatro de los cinco integrantes de la banda a reclusión perpetua, más la accesoria por tiempo indeterminado de cumplimiento efectivo, la misma pena que en los años 70 le aplicaron a Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino serial más sanguinario de la historia argentina.

Durante la investigación encarada por la policía bonaerense se determinó que la banda usaba fusiles de asalto AR15 -similares a los empleados por los Estados Unidos- para cometer entraderas en el norte del conurbano. Además utilizaban ametralladoras y otras armas de guerra. En la mayoría de los hechos no encontraron resistencia, pero en Balcarce 1335, Cid les disparó con su pistola calibre .40 para proteger a sus hijas, de 3 y 8 años.

“Vi todo lo que pasaba por las cámaras, desde mi tablet. Vi cuando ingresaban tres hombres en mi casa. Entonces llamé al 911 y a la secretaria de la fiscalía en la que trabajo para que alertara a la policía porque, en forma cobarde, le habían disparado a mi marido, que murió como un héroe”, declaró Natalia Plá en el juicio oral contra la banda.

El Tribunal Oral N° 7 de San Isidro, integrado por María Coelho, Eduardo Lavenia y Alberto Gaig, consideró que Lucas Adrián Duarte, Emilio Rubén González, Alejandro Ramón Reyes y Pablo Daniel Medina asesinaron a Cid para evitar que pudiera identificarlos y porque había defendido a su familia.

Los jueces llegaron a esa conclusión luego de escuchar a decenas de testigos y tras revisar las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas por los detectives policiales.

Los acusados fueron grabados por las cámaras de seguridad de la casa de Plá y de Cid, y fueron reconocidos por la empleada doméstica y por los albañiles que trabajaban en la vivienda. Otra de las claves para desbaratar a la banda fue que en los teléfonos celulares que les secuestraron a los sospechosos se encontraron fotos que se habían tomado entre ellos y que habían subido a Facebook.

 

Maximiliano Cedrón, el quinto acusado y supuesto jefe de la banda, no fue identificado en el lugar del homicidio. No obstante fue condenado a 22 años de cárcel como organizador de una asociación ilícita y por encubrimiento agravado y robo calificado.

Un policía, Alejandro Félix Lagos, lo reconoció cuando bajaban de la camioneta Chery Tiggo, patente IBU 560, al sospechoso que había sido herido en la casa de Cid, identificado como Cristian Daniel Chosco. En tanto, un remisero identificó a Cedrón como uno de los que lo obligaron a llevar a Chosco desde la villa Melo hasta la villa La Rana.

El vehículo también fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa asaltada. En esas imágenes quedó registrada la secuencia en la que Duarte, González, Reyes y Medina llevaron a la rastra a Chosco, herido por el dueño de la vivienda.

Durante la investigación se determinó que Cedrón habría llevado a Chosco en un Alfa Romeo Mito plateado hasta el hospital Tornú, en Parque Chas, donde murió a los cuatro días del asalto.

Cuando los policías, alertados por el homicidio de Cid, vieron la camioneta en la villa Melo, entre Villa Martelli y San Martín, siguieron a los sospechosos hasta una casa en la que vivía una familia de apellido Dorado. El policía Lagos declaró en la primera etapa de la instrucción cómo los Dorado echaron azúcar sobre el rastro de sangre dejado por Chosco.

Además de apresar a los sospechosos del homicidio de Cid -acusados, también, de haber cometido al menos 11 entraderas en la zona norte del Gran Buenos Aires-, los policías lograron aprehender al proveedor de armas de la banda, que les había vendido el fusil de asalto AR15, calibre 5.56. El acusado, identificado como Carlos Daniel Velázquez, alias “Ricky Ricón”, fue apresado en San Martín. Se determinó que sería el proveedor de armamento para bandas de secuestradores que tenían como base de operaciones las villas Loyola, Melo y La Rana.

Cuatro días después de asesinar a Cid en una entradera, la banda comandada por Cedrón asaltó otra vivienda en la misma zona. La víctima fue Verónica Di Tomasso, fiscal penal de San Isidro. La funcionaria judicial fue sorprendida cuando llegaba a su casa por tres delincuentes que descendieron de un Peugeot 307. Igual que en el ataque contra la casa de Cid y Plá, usaban armas largas e iban a cara descubierta.

En el reciente juicio oral y público, la representante del Ministerio Público Fiscal reconoció a dos de los acusados. Por este hecho fueron condenados Cedrón y Reyes.

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados consignaron como agravantes que los acusados usaron “armas de fuego de grueso calibre, de alto poder ofensivo”, y remarcaron “la notoria superioridad numérica de los agresores frente a la solitaria resistencia del dueño de casa, y la inusitada y cuantiosa cantidad de disparos de armas de fuego efectuadas desde el grupo atacante en el momento de volver a la vivienda para rescatar a su cómplice herido y asesinar a Cid de seis balazos. Todo esto con el objetivo de cubrir su retirada del lugar, lo cual denota el elevado desprecio por la vida de Cid y el grave riesgo en el que pusieron las vidas de las hijas de la víctima y la de la empleada doméstica”.

La polvareda producida por los ladrillos que se astillaban al ser impactados por los proyectiles disparados por los asaltantes al cubrir su retirada fue grabada por una cámara instalada en la planta superior de la vivienda, donde las hijas del dueño de casa se habían refugiado.

Pero las conclusiones de la sentencia no terminaron con las condenas. Los magistrados solicitaron que se investigue la presunta complicidad de un abogado. Todos los integrantes de la banda tenían el mismo defensor y llamó la atención de los jueces que, en las conversaciones telefónicas entre los acusados, decían que debían salir a robar para pagarle al letrado.