“No parece el juez estar yendo hacia la acusación de Gendarmería y, en consecuencia, no vamos a hacer lo que se pide ‘por si acaso’. Trabajamos para saber la verdad. Y si hubiese algún tipo de responsabilidad, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Y si no, esperamos que los que acusaron sin fundamento sepan reconocerlo”, indicó Bullrich, en una conferencia de prensa junto con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

 A Maldonado se lo vio por última vez en la localidad de Cushamen, Chubut, donde la comunidad mapuche reclamaba los terrenos que consideran propios, pero que fueron comprados por el empresario italiano Luciano Benetton. El primero de agosto Maldonado se acercó a la protesta de la agrupación Resistencia Ancestral para solidarizarse, pero luego de la represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, nada más se supo de él.

 “En algunos momento parece que se busca acusar al gobierno, poner al gobierno en una situación difícil, en vez de estar todos juntos trabajando por un objetivo”, indicó la ministra acerca de la negativa de las organizaciones de derechos humanos a trabajar en conjunto con la cartera de Seguridad en la búsqueda. “Nos proponían seguir trabajando todos juntos, cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen la desaparición forzada de Santiago, entre otras cosas”, señaló la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , Taty Almeida.

 Al día siguiente, el mejor amigo de Santiago, Ariel Garzi llamó al celular de origen chileno de Maldonado y alguien atendió durante 22 segundos. Garzi era un testigo protegido en el caso, hasta que hace unos días la ministra Patricia Bullrich lo nombró en su exposición en el Senado. “Las compañías de teléfono que operan en Argentina dan cuenta que ese teléfono no se activó en ese día en ninguna circunstancia, con lo cual, es una prueba que las desmienten las propias compañías”, sostuvo Bullrich.

 Dos mapuches, en calidad de testigos protegidos, declararon ante la fiscalía de Trelew que efectivos de Gendarmería se habrían llevado al joven. La causa está caratulada como desaparición forzosa y está a cargo de la fiscal Silvina Ávila. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, a cargo de la causa, ordenó allanamientos en destacamentos de esa fuerza de seguridad en esa ciudad chubutense y en la localidad rionegrina de El Bolsón, donde se secuestraron pelos y una soga con restos de sangre, cuyas pericias se encuentran en estudio.