“Los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias 2008, Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Carlos Garetto y Hugo Luis Biolcati expresan su más honda preocupación y solidaridad con los productores, trabajadores rurales y sus familias, así como con todos los ciudadanos castigados por las graves inundaciones que azotan gran parte de las provincias del Norte argentino y que amenazan con extenderse a otras regiones del país".

“Una vez más el campo argentino y su producción se encuentra en jaque por fenómenos climáticos extremos. El año pasado una sequía con escasos precedentes provocó estragos en la zona núcleo, afectando gravemente la producción. Este año, el exceso de lluvias que en poco más de un mes han superado la marca anual en varias provincias del país, no solo ha daña cultivos sino que impide los procesos normales de siembra y cosecha en amplias regiones productivas. Y lo más grave de todo: amenaza la seguridad, integridad y bienestar de familias y poblaciones enteras.

Más allá de lo impredecible y virulento de los fenómenos naturales extremos, que sin duda se han vuelto más recurrentes en los últimos años, esta emergencia ha desnudado una vez más las ineficiencias de los tres niveles del Estado para planificar, ejecutar y coordinar obras de infraestructura o mantener las existentes. Se trata de omisiones y negligencias graves que no solo dañan la producción sino que, incluso,  ha costado vidas humanas.

Es por eso que exhortamos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a instrumentar las acciones de emergencia necesarias para atender las necesidades urgentes de las personas damnificadas e implementar las medidas necesarias para paliar el impacto de las inundaciones en los productores y trabajadores rurales afectados.

Estas medidas deben apuntar a resolver la solución en el corto y mediano plazo, incluyendo eximiciones, diferimientos, prórrogas y refinanciación de impuestos, tasas, créditos, etc.. Pero también deben generarse medidas de largo plazo que contemplen que los efectos de la actual inundación pueden llegar a percibirse hasta un año y medio más tarde, en el otoño de 2020 y que seguramente serán en términos económicos tan graves como los de ahora.

La acción del Estado no debe agotarse en una mera declaración de emergencia, sino en una búsqueda de soluciones integrales y de fondo para todos los damnificados.

Asimismo, la sequía de 2018 y las inundaciones de 2019 deben obligarnos de una vez por todas a aprender de nuestros errores, omisiones e impericias como sociedad y, en una actitud madura y responsable, comenzar a consensuar y coordinar políticas de Estado más allá de los gobiernos, las coyunturas y las jurisdicciones de turno con el fin de materializar los medios para prevenir, evitar o, a lo sumo minimizar los efectos de fenómenos como los que están ocurriendo en nuestro país

Es bueno abrir nuevos mercados, pero es imprescindible lograr condiciones de infraestructura que permitan producir para abastecer a los mismos.

Las nuevas estrategias de producción deben estar orientadas e incentivadas por políticas públicas que contribuyan a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y al restablecimiento de un balance hídrico.

Los productores, los ciudadanos y las generaciones futuras no merecen más postergaciones y actitudes elusivas por parte de nuestros gobernantes.  Exhortamos a las autoridades a dejar de lado insignificancias burocráticas o ideológicas y actuar de acuerdo a lo que las circunstancias requieren.”