Las transferencias automáticas a las provincias caerán en 2021 del 48,7% al 47,3% del total de recursos, debido a que 4 de cada 5 pesos del aumento de la presión tributaria generada a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández quedarán en manos del Estado nacional, según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De esta forma, la participación de las provincias en la “torta” de recursos fiscales volverá a niveles similares a los de 2018, como consecuencia de la estrategia oficial de concentrar la mayor presión impositiva en recursos que no se coparticipan, como los derechos de exportación o el impuesto PAIS. Al respecto, la entidad dirigida por Nadín Argañaraz precisó que del 2019 al 2021 “el aumento de 1,39 punto porcentual del PIB de recaudación total de impuestos cobrados a nivel nacional en estos dos años, se dirigirían a Nación 1,15 pp, mientras que las provincias recibirían el equivalente a 0,24 pp del producto”. “Es decir que el gobierno nacional se quedaría con el 83% del aumento de la presión tributaria del bienio”, completó.

En un análisis de las últimas décadas, IARAF señaló que “las provincias fueron perdiendo participación primaria durante la década del 1990” debido a las detracciones del 15% de la masa coparticipable para financiar a la Seguridad Social y “la inclusión de impuestos no coparticipables o con un elevado porcentaje no coparticipable”, como el impuesto al cheque en 2001. Si bien esas dos medidas fueron tomadas durante dos gestiones presidenciales diferentes (Carlos Menem la primera, Fernando de la Rúa la segunda), en ambos casos el ministro de Economía fue Domingo Cavallo. El piso de las transferencias a las provincias se alcanzó en 2002, con la reimplantación de las retenciones a las exportaciones que quedaron íntegramente para la Nación, pero entre 2003 y 2015 “se produjo una estabilización en alrededor de un 40% de los impuestos recaudados a nivel nacional”, destacó IARAF. Esa situación “cambió notoriamente en 2016” en favor de los estados provinciales, a raíz de la aplicación de los reintegros graduales del 15% de la masa coparticipable que se había retenido durante un cuarto de siglo y, además, el aumento del coeficiente destinado a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 1,4% al 3,75%, para luego quedar en un 3,5%, que recientemente fue reducido al 2,32%. Esos tres puntos porcentuales por año, además de la reducción de las retenciones a la soja y la derogación para el resto de los bienes en la primera mitad de la Presidencia de Mauricio Macri, incidieron en una suba relativa de las transferencias a las provincias, que pasaron del 40,5% del total en 2015 al 43,5% en 2016, 44,6% en 2017, 47,2% en 2018 y 49,6% en 2019. Si bien en 2020 se completó la devolución con otro 3% de la masa coparticipable, en ese año la participación relativa bajó al 48,7% debido a la incorporación de nuevos recursos que no se coparticipan, principalmente el aumento de los derechos de importación (que se habían repuesto en septiembre de 2018), de la tasa de Estadística y, principalmente, la creación del impuesto PAIS. Con este nuevo panorama impuesto luego de la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre de 2019, se estima que la participación “se reducirá hasta un valor similar al que tuvo en 2018”.