La Corte Suprema de Justicia respaldó este martes las clases presenciales en Capital Federal. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

El falló salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte.

El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

Entre sus argumentos, el máximo tribunal determinó que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes".

En ese marco, los ministros de la Corte indicaron que la Convención Constituyente de 1994 "introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo -y en igualdad de condiciones que las provincias- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Por unanimidad, la Corte avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

El fallo sostiene que debe aplicarse para "decisiones futuras". Los miembros del máximo tribunal expresaron que "dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras".

Al respecto, los jueces afirmaron que "no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino".

Qué dice el expediente

La causa empezó el 16 de abril con la presentación del amparo ante la Corte que hizo el gobierno porteño, que pidió que declare inconstitucional el artículo 2 del DNU 241/2021 que suspendió las clases presenciales. Este decreto quedó sin efecto el 30 de abril y fue reemplazado por el 287/2021, que mantuvo la restricción en la actividad en las escuelas. Aunque en todo momento hubo clases presenciales en Capital Federal desde el 3 de mayo se dispuso un esquema "bimodal" para los estudiantes de secundaria.

Entre los argumentos que usó la administración de Horacio Rodiguez Larreta para defender la presencialidad están la consideración que el DNU "viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación". Sostuvieron también que "está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo".

Por su parte, el Gobierno a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, hizo una presentación ante el máximo tribunal en la que planteó que la necesidad de "proteger la vida y la salud pública". Sostuvo que "la restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación" por la segunda ola de contagios de COVID-19. Mencionó que esta acción requiere "la restricción de actividades que implican la concentración de personas" y la suspensión de las clases presenciales "por un plazo temporal".

Acusó al Gobierno porteño de tener "una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia". Además advirtió que la habilitación de las clases presenciales "impactaría" en el conurbano bonaerense, "aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios, poniendo en riesgo la salud de la población".

Previo al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la suspensión de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su "falta de coraje de asumir la responsabilidad de gobernar", a la vez que se quejó de que la judicialización "hace perder tiempo".

"Más allá del fallo de la Corte, lo que considero un grave error es la falta de coraje del jefe de Gobierno de asumir la responsabilidad de gobernar", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales y televisivas, el integrante del Gabinete subrayó que todos quieren que el ciclo lectivo se lleve adelante con presencialidad, pero remarcó que "no es una discusión educativa" la que se desarrolla, sino sanitaria.

"La diferencia que tenemos con Larreta es sobre la comprensión de la gravedad de la situación", destacó el titular de la cartera educativa, quien alertó que la Ciudad "tiene los indicadores más complejos de la Argentina" en términos de impacto de la pandemia de coronavirus.

Al ser consultado sobre cómo actuará la Casa Rosada tras la resolución que adopte el máximo tribunal, Trotta manifestó: "Nuestro Gobierno siempre ha respetado los fallos de la Justicia".

En ese sentido, indicó que el Gobierno no tiene una "política selectiva" a la hora de acatar los fallos judiciales, algo que, a su entender, sí hizo la Ciudad.

Finalmente, el ministro pidió "tomar consciencia del momento que se está transitando".