El funcionario provincial recibió en su despacho a integrantes de las organizaciones, quienes le plantearon su preocupación ante lo que consideran una realidad grave: la resistencia de los policías en las comisarías a tomar las denuncias de violencia de género y familiar.

El ministro señaló que se han remitido a las comisarías las órdenes específicas que instruyen al personal sobre la obligatoriedad del cumplimiento del protocolo, y el riesgo de sanciones para quienes no lo hagan.

Las dirigentes sociales señalaron que la mera orden no es suficiente, y que es imprescindible una capacitación “con perspectiva de género”, considerando el riesgo que existe de “revictimizar a las víctimas”.

En este sentido, el funcionario aceptó la propuesta y también se comprometió a la conformación del equipo interdisciplinario consignado en el protocolo, para asegurar la atención y contención integral de las personas que denuncien casos de violencia de este tipo.