Después de la exposición de 12 ediles, la votación terminó empatada y el presidente del cuerpo definió por el rechazo al proyecto.

La discusión por la legalidad del sistema comenzó hace varias semanas pero ayer ocupó el centro de la escena en el recinto legislativo en una sesión de alto voltaje que comenzó a las 13.30 y se extendió hasta cerca de las 19.30.

El primero en tomar la palabra fue el concejal López Desimoni (ECO) que se explayó en los motivos de por qué se solicitaba la suspensión del sistema. “Queremos defender la vida pero dentro de la legalidad”, postuló.

Entre los fundamentos señaló que la resolución 2032 del Ejecutivo municipal, se modifica al Código de Procedimiento de Faltas, “violentando las facultades que tiene al modificar una ordenanza mediante una resolución”.

Apuntó además contra la contratación directa de la empresa Anca SRL: “Lo que es ilegal considerando la Ley de Administración Financiera que establece que ante una importante erogación del Estado municipal, debe llamarse a licitación pública”.

También aseguró que el sistema violenta “el derecho de defensa”, y finalmente se refirió a la Ordenanza 4490, aprobada en el 2007, que estableció en ese momento el llamado a licitación para la implementación de esta tecnología, “en otro tiempo se hicieron bien las cosas”, concluyó.

En los discursos le siguió el oficialista Agustín Payes, quien además de recordar que aquel intento de incorporar las fotomultas quedó en nada porque nadie se presentó a la licitación y que ahora había una firma fabricante de los aparatos necesarios.

Payes hizo además especial hincapié en los primeros efectos positivos de este sistema de control vehicular. Hizo eco de las declaraciones del director del Hospital Escuela que confirmó que no se dieron choques de vehículos y dio a conocer los primeros números, sin precisar las fuentes, que evidencian una fuerte disminución en la cantidad de infracciones.

Números
El edil justicialista dio cifras de las fotomultas realizadas por los cuatro cinemómetros ubicados en cuatro puntos de la ciudad, una semana antes de la implementación y durante los primeros siete días de la misma.
 
Precisó que del 12 al 18 de septiembre el aparato ubicado por avenida Libertad registró 5.600 infracciones, y que del 19  al 25 de septiembre esa cantidad bajó a 2.500.

El que está instalado por avenida Independencia pasó de 7.500 a 3.900, y en esa misma arteria, un segundo dispositivo, pasó de 7.800 a 3.900. Y por último, uno ubicado por Maipú, pasó de 3.200 a 1.250.

“La gente se cuida, no invade la senda peatonal, no pasa en rojo. Ese es el efecto que queremos causar”, sostuvo, y anticipó que solicitarán un pedido de informe al Ejecutivo para contar con estos números de manera oficial.

Comparación
El concejal Hugo Calvano (ECO) le respondió a su par Payes, al aclarar que la postura de la oposición no era en contra de la nueva tecnología, sino del procedimiento utilizado. “Que el sistema puede funcionar no está en discusión”, aseveró.

“Estamos a favor siempre y cuando se haga dentro de los procedimientos legales”, afirmó, para además reflejar que no se dan las garantías a los usuarios ni al municipio de que la instrumentación de las fotomultas no pueda ser eventualmente judicializada.

Y también fue el primero en referirse a negociados. “No estamos de acuerdo con avalar negociados”, dijo, y arremetió señalando que “hay otras ciudades que cuidan la vida sin hacer negociados”.

Ocupó gran parte de su alocución para dar información respecto a cómo se aplicó este sistema de fotomultas en otras ciudades, con condiciones más beneficiosas para la Comuna.

“La empresa Anca no es la única que realiza este servicio. Además opera en siete jurisdicciones”, advirtió el edil, y resaltó que sólo en una lo hace de manera directa (Misiones), mientras en otros lugares como Santa Fe o Rafaela lo instrumenta mediante la universidad tecnológica o asociaciones civiles.

“En Santa Fe, a la empresa le queda el 20% de las multas, mientras acá el convenio fija que el porcentaje sea del 60%”, agregó.

El respeto
Debido a los fuertes cruces, en un momento de la sesión se comenzó a pedir respeto mutuo. Lo solicitó primero la edil Liliana Gómez (ECO), y le siguió Justo Estoup (FPV).

“Si hay una especie de duda, para eso está la Justicia. Ninguno es dueño de la verdad”, planteó el edil, frente a los dichos respecto a supuestos negociados, y remarcó que “un buen convenio es aquel que da buenos resultados y lo nuestro no es hacer negocio, es proteger vidas”.

El debate se extendió durante varias horas más con la palabra de los ediles Gabriel Romero (ECO), Mirian Sosa (FPV) y Ataliva Laprovitta (FPV), cada uno dando sus razones a favor o en contra del sistema.

Al final llegó el momento de votar y 9 votaron a favor de la suspensión y 9 en contra. Se volvió a abrir la discusión, y al cierre el presidente José Salinas inclinó la voluntad del cuerpo para rechazar el pedido de la oposición.