El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa por la compra de trenes presuntamente inservibles a España y Portugal en 2005, la misma por la que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está preso desde el 2 de abril de 2016.

 En este caso, De Vido está procesado por “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”. Se lo acusa de haber diseñado entre 2004 y 2012, junto al integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Carlos Retuerto Castaño -también enviado a juicio oral- un “plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública”, puntualmente con acuerdos y contratos, “escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos”.

 En la operación se le pagaron unos 76 millones de euros a España y alrededor de 26 millones a Portugal. El juez determinó que la compra de ese material ferroviario por parte del Estado fue “perjudicial” en precio y en utilidad. “El material rodante adquirido es de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado”, dijo el magistrado.

 Para Ercolini, “la contratación aludida no fue producto de un actuar negligente o de un simple mal negocio, sino de un ánimo discrecional ordenado a la consecución de un fin defraudatorio y a sabiendas que se lleva a cabo en violación a los deberes de fidelidad a los intereses confiados” a De Vido como funcionario público.

 El pedido de elevación a juicio oral ya había sido efectuado por el fiscal Federico Delgado porque determinó, a partir de un informe de la sección de Ingeniería de Técnicas Ferroviarias, que el material ferroviario estaba en “malas condiciones”.

 “Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas”, argumentó Delgado.