Por sus manos, pasaron muchísimas causas de diversas índoles, y supo impartir justicia hasta en las situaciones más delicadas.

Es un padre de familia, con tres hijos, y ha tenido una vida lejos de los lujos y de la ostentación. Es docente universitario, un hombre accesible, culto y rodeado de amigos. Es común verlo por las calles de Corrientes conversando de los temas más diversos con quien se le acerque.

Asumió el desafío de administrar un Juzgado con múltiples problemas. Entre una de las cuestiones que se ocupa la justicia federal, es la lucha contra el flagelo del narcotráfico, un terreno delicado y complejo, en el que intervienen muchos intereses en juego, así como también, constituye una enorme la red de personas involucradas.

Hoy en día convivimos con un inmenso hostigamiento por parte de los medios nacionales y provinciales, que recriminan al juez Soto Dávila su pertenencia al mundo del narcotráfico.

Curiosamente, los que lo acusan son delincuentes presos, más aún anónimos, que sin ningún prurito imputan a este magistrado de un sinnúmero de delitos, mediante el abuso de la recién sancionada “Ley del arrepentido”, Ley que usan dichos narcotraficantes para involucrar al juez AntiNarcos de Corrientes (desde hace más de 22 años) y así lograr negociar su sentencia con los Fiscales sin la existencia de pruebas obrantes en ningún tribunal federal.

No caben dudas que este espectacular circo mediático montado no tiene otro destino que buscar el desprestigio de quien con valentía y coraje puso todos los medios para luchar contra el flagelo del narcotráfico. Es por ello que entendemos que es una persecución judicial, sustentada en acusaciones genéricas, sin una sola prueba directa y objetiva.

Curiosamente, son delincuentes, muchos de ellos condenados, los que inculpan al Juez federal correntino de todos estos entuertos.

Respecto a la situación patrimonial, no es cuestión menor que el Juez federal vive en su mismo domicilio hace más de 20 años y mantiene una vida austera y sin ningún tipo de lujos.

Ahora bien, refiriéndonos a los acusadores, resulta paradójico que la prueba central surge de la denuncia de un conjunto de escuchas entre los mismos delincuentes, en el que se hace mención al Juez federal de manera grotesca y sin sentido.

En este contexto, estos delincuentes sostienen que Soto Dávila era el jefe de una asociación ilícita destinada al narcotráfico. No caben dudas que existen objetivos ocultos detrás de todo este tipo de maniobras judiciales.
El mejor ejemplo que podemos dar con respecto a la probidad del Juez es cómo los acusadores intentan armar semejante espectáculo para correrlo del medio, porque saben perfectamente que Soto Dávila es una barrera judicial, y que no les ha permitido concretar sus siniestras operaciones.

Debemos exponer ante la comunidad cuáles son las verdaderas causas que motivan esta sorprendente movida mediática y judicial.

Creemos que todo esto tiene como fin el desplazamiento del Juez, condenándolo tanto judicial como socialmente.
Somos conscientes de que existe una convivencia oscura entre estos sujetos del hampa, que utilizan y manipulan al mismo poder judicial federal para defender sus propios intereses.

Entendemos que los medios tienen una gran influencia sobre los poderes del Estado. Sin embargo, no obstante, existe un principio de rango constitucional que es el derecho de defensa en juicio, que debe ser así, respetado a rajatabla.

Es inadmisible que dichos medios reemplacen al Poder judicial en el juzgamiento de los ciudadanos argentinos.

Se debe ser muy claro y afirmar que no existe ninguna prueba sólida que incrimine al Juez Soto Dávila, y que si bien este circo ha sido montado por el propio Poder Judicial, es la política la que está presionando para perjudicar al magistrado y construir una imagen social que nada tiene que ver con su acción como funcionario de la justicia. En este sentido, la utilización más viciosa y repetitiva de esta información a través de las redes no ha tenido otro objetivo que manchar su buen nombre y honor.