A casi 19 años del crimen de Nora Dalmasso, el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz, resolvió que la causa se mantenga “activa y abierta” con el objetivo de avanzar en la investigación y esclarecer los hechos ocurridos el sábado 25 de noviembre de 2006. La decisión se basa en el deber del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos y garantizar a los familiares el acceso a la justicia.

La resolución judicial, difundida por el Poder Judicial de Córdoba, habilita a la defensa y a la querella a proponer nuevas medidas probatorias que consideren útiles para reconstruir la “verdad histórica” sobre el presunto abuso sexual seguido de muerte de Dalmasso, una mujer de 56 años que fue hallada sin vida en su domicilio de un barrio residencial de Río Cuarto.

El juez Ortiz subrayó que la continuidad del proceso está en línea con los llamados “juicios de la verdad”, inspirados en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconocen el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer lo sucedido, más allá de que no se logre aplicar una sanción penal. “Debe continuar vigente y abierto, a fin de que la investigación prosiga y las partes puedan incorporar todas las pruebas que estimen conducentes a la determinación de la verdad de lo ocurrido”, enfatizó.

En su resolución, el magistrado también rechazó la solicitud de prescripción de la acción penal, presentada por la defensa de Roberto Marcos Barzola, el parquetista cuyo perfil genético fue hallado en la escena del crimen. Ortiz argumentó que aceptar esa prescripción “implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido”.

No obstante, descartó que el caso pueda ser considerado como un crimen de lesa humanidad, aunque reconoció que hubo una “grave afectación a los derechos de la víctima” y que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género. Señaló que, conforme a los estándares internacionales, solo los crímenes cometidos por o con participación de funcionarios públicos pueden revestir ese carácter.

La decisión generó reacciones inmediatas. María de los Ángeles Mussolini, abogada de la familia Macarrón, expresó su rechazo a la medida. “Queremos la condena penal, no solamente un juicio por la verdad”, sostuvo en declaraciones a radio LV16. “Este es solo el inicio de un camino largo, y estamos evaluando los pasos a seguir. Creemos que hay suficientes pruebas que señalan a Barzola como posible autor material del hecho”, remarcó.

Mussolini insistió en que el proceso no puede cerrarse sin una respuesta judicial contundente: “El acceso a la verdad es importante, pero también exigimos justicia y una condena penal efectiva”.

El caso Dalmasso sigue siendo uno de los más resonantes y enigmáticos de la historia criminal reciente de la provincia de Córdoba, y esta nueva decisión abre una etapa clave en la búsqueda de justicia.

Fuente: Infobae