En la Oficina Judicial de Mercedes se llevó el día viernes 30 de mayo la audiencia de control de acusación contra el ex intendente Diego Martín Caram y el actual presidente del Concejo Deliberante, Carlos Roberto Sánchez, por presuntos delitos cometidos en el intento de retomar el control del municipio en violación de resoluciones oficiales. La audiencia fue presidida por el juez de Garantías subrogante, Dr. Gustavo René Buffil.

El fiscal Adrián Casarrubia quien impulsa esta investigación expuso que los imputados habrían actuado de forma coordinada el 1 de julio de 2024 para restituir a Caram en su cargo, a pesar de estar suspendido por la Resolución 1510/24 del Concejo Deliberante y por Orden del Tribunal Oral Penal N.º 12/24. Según la acusación, Sánchez firmó y envió una nota al propio Caram interpretando un dictamen del asesor legal del Concejo, y con base en ese documento, Caram se presentó en la municipalidad a las 7:36 de la mañana, ingresó a su antiguo despacho e inició actos de gobierno sin notificación previa a la entonces intendenta a cargo, Juana Gauto.

La fiscalía describió un plan concertado y aportó como pruebas 35 testimonios, documentación oficial, capturas de video del ingreso de Caram, mensajes de texto y registros del libro de mesa de entrada. También se secuestró el vehículo de Caram y se incorporaron mensajes enviados por WhatsApp donde el ex intendente detallaba el plan de regreso al municipio.

Al ex intendente Caram se le atribuyen los delitos de usurpación de autoridad y desobediencia de órdenes administrativas y judiciales en calidad de autor material.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Caram, quien permanece detenido desde el 1 de julio de 2024, y pidió la imposición de medidas restrictivas para Sánchez, consistentes en la prohibición de actos de hostigamiento o intimidación hacia los testigos.

La defensa de Caram, representada por el Dr. Pedro Caram, argumentó que su defendido ya lleva casi once meses privado de libertad, lo que excede el tiempo de condena probable. Sostuvo que no existe riesgo procesal alguno y calificó la prisión preventiva como desproporcionada. Por su parte, el Dr. Pablo Fleitas, defensor de Sánchez, afirmó que su cliente actuó dentro de su rol institucional y que se trata de una persecución con motivación política.

Tras un cuarto intermedio, el juez Buffil resolvió no hacer lugar al pedido de medidas de coacción ni de prórroga de prisión preventiva. Además, consideró que Caram ya ha cumplido un tiempo de detención equivalente al máximo de la pena posible y que no hay riesgo procesal suficiente para mantener la prisión preventiva. En cuanto a Sánchez, rechazó imponer por no haber un riesgo concreto acreditado de perturbación a testigos.

Finalmente, el juez ordenó la libertad inmediata de Diego Caram en este legajo, aunque continuará sujeto a otras medidas impuestas por la justicia. Asimismo, emplazó a las partes a ofrecer pruebas en un plazo de diez días hábiles para avanzar hacia el juicio oral.