Diez trabajadores rurales que en noviembre de 2023 fueron víctimas de explotación laboral en una finca del sur de Salta recibieron una reparación económica de 1.500.000 pesos cada uno, como parte de un acuerdo de conciliación judicial homologado por la Justicia Federal. La medida fue impulsada por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

El acuerdo, que alcanzó un monto total de 15 millones de pesos y cuyos pagos ya fueron efectivizados, fue homologado el pasado 5 de mayo por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. También participaron del proceso el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial del imputado Ángel Gustavo Enríquez, señalado como responsable de las condiciones de trabajo denunciadas.

El caso

La causa se originó a partir de un operativo de inspección realizado el 9 de noviembre de 2023 en la finca “Suri Blanco”, ubicada en Joaquín V. González. En el lugar, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima encontraron a diez trabajadores que realizaban tareas de desmonte en condiciones laborales extremadamente precarias.

Los obreros manifestaron haber sido contratados por Enríquez, sin que se les proveyera ropa adecuada, herramientas, agua potable ni condiciones mínimas de higiene. Dormían en una casilla tipo tráiler con cuchetas, permanecían hasta 15 días en el lugar y debían comunicarse con el empleador ante cualquier urgencia. El salario pactado era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos por alimentos proporcionados por el mismo contratista.

Frente a la situación, el Gabinete de Asistencia a la Víctima intervino de inmediato y la fiscalía inició las actuaciones correspondientes. El 5 de noviembre de 2024, el fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra Enríquez por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, delito que prevé penas de entre 4 y 8 años de prisión.

Una salida restaurativa

Al referirse al proceso, el fiscal Toranzos valoró la vía de conciliación como una "salida superadora", destacando el compromiso de las partes y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Procuración General en materia de salidas alternativas. Subrayó que el imputado contaba con la capacidad económica para afrontar la reparación, hecho que permitió una resolución efectiva del conflicto.

El Defensor Público de Víctimas también avaló el acuerdo al considerarlo razonable y ejemplificador: “No hay impunidad, se cumple con el resarcimiento inmediato a las víctimas y se evita un proceso judicial prolongado”, explicó. Además, aseguró que cada trabajador fue informado detalladamente sobre los alcances del acuerdo, y prestó su consentimiento mediante actas individuales.

La defensa del imputado, por su parte, destacó la “proporcionalidad” del acuerdo, que fue finalmente homologado por el juez Bavio, quien ponderó la armonía alcanzada entre las partes y la aplicación de los principios del nuevo Código Procesal Penal Federal.

Este caso se convierte en un ejemplo de cómo los mecanismos de justicia restaurativa pueden ofrecer soluciones concretas, eficaces y humanas a situaciones de alta vulnerabilidad social y laboral.