La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó tanto los cálculos presentados por el perito de parte de Cristina Kirchner como los de los peritos del Ministerio Público Fiscal que manejaban otros valores. El TOF 2 se inclinó por el monto calculado por los expertos de la Corte Suprema, que consideraron esa suma como el perjuicio económico causado al Estado.

“Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”, sostiene el fallo al que accedió el diario Clarín.

El plazo para efectuar el pago vence en las primeras horas del 13 de agosto. De no cumplirse, la justicia avanzará con la ejecución de bienes de los condenados hasta cubrir el monto establecido.

Medidas de ejecución y actualización de embargos

Junto con la intimación, el TOF 2 dispuso medidas complementarias para garantizar la efectividad del cobro. Ordenó la ampliación de los embargos sobre los bienes inmuebles de los condenados hasta cubrir el total fijado. También se solicitó a los registros pertinentes la actualización registral de los montos previamente informados. En cuanto a los bienes muebles ya embargados, se resolvió que no es necesaria una nueva inscripción registral, ya que las sumas superan el valor de esos bienes.

Diferencias en los cálculos

El monto inicial del perjuicio había sido fijado en diciembre de 2022 en $84.835 millones. Sin embargo, el nuevo cálculo oficial lo llevó a más de $684.000 millones. El perito José Lucas Gaincerain, en representación de Cristina Kirchner, había sostenido que el decomiso debía limitarse a $42.494 millones, cifra ampliamente desestimada por el Tribunal.

Sospechas sobre maniobras de desapoderamiento

En el mismo fallo, los jueces abordaron un planteo del fiscal Diego Luciani relacionado con Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, uno de los principales condenados. Según se informó, Insaurralde habría intentado ingresar a la cárcel de Río Gallegos con documentos firmados por Báez que podrían ser utilizados para administrar o disponer de bienes cautelados. El Tribunal ordenó que, en adelante, todo documento ingresado a la Unidad Penal N°15 sea registrado fotográficamente y remitido al juzgado con urgencia.

La maniobra, sospecha el Ministerio Público Fiscal, podría ser parte de un intento de desapoderamiento fraudulento de los bienes alcanzados tanto en la causa Vialidad como en la llamada Ruta del Dinero K.

Con esta resolución, el TOF 2 avanza hacia la etapa de ejecución de la pena económica contra los nueve condenados del caso Vialidad, en lo que representa el primer fallo por corrupción firme contra Cristina Fernández de Kirchner con aval de la Corte Suprema.

Fuente: CLARIN