La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman entra en una nueva fase: la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano prepara la citación de 90 militares que formaron parte del área de Inteligencia durante la gestión del ex jefe del Ejército, César Milani. A ellos se sumarán más de 200 agentes identificados como Personal Civil de Inteligencia (PCI) que prestaron funciones en distintas dependencias de las fuerzas armadas.

Fuentes judiciales confirmaron que las citaciones comenzarán a enviarse durante la primera semana de agosto, una vez finalizada la feria judicial. Muchos de los citados continúan en funciones, algunos incluso dentro de la misma área de Inteligencia, según confirmó el Ministerio de Defensa a la justicia.

Estas nuevas medidas surgen a partir de la desclasificación de archivos secretos de las fuerzas de seguridad ordenada por el Gobierno de Javier Milei, lo que permitió a la fiscalía acceder por primera vez en casi una década a los nombres y estructuras del sistema de inteligencia militar vigente durante el kirchnerismo.

La hipótesis que maneja la fiscalía es que el asesinato de Nisman —ocurrido el 18 de enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir a los responsables del atentado a la AMIA— fue planificado y ejecutado por sectores enfrentados dentro de los servicios de inteligencia. En ese marco, se investiga la posible participación de la SIDE tras la salida de Antonio “Jaime” Stiuso y el rol de la inteligencia paralela del Ejército liderada por Milani.

Desde el inicio de la causa, ya declararon más de 60 exespías de la SIDE. Varios de ellos señalaron que miembros del Ejército trabajaban dentro de la SIDE en colaboración con la facción liderada por el exagente Fernando Pocino, entonces director de Reunión Interior, y de máxima confianza de Cristina Kirchner. Pocino mantenía vínculos estrechos tanto con Milani como con Juan Martín Mena —actual ministro de Justicia bonaerense—, con quienes intercambió llamadas el día que hallaron muerto a Nisman.

Aquel domingo 18 de enero, Pocino habló con Milani y Mena en múltiples ocasiones. La fiscalía considera que esas comunicaciones son clave para entender qué ocurrió en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo del fiscal en su departamento de Puerto Madero.

Hasta el momento, ni Mena ni Milani han declarado en la causa. Pocino sí lo hizo: reconoció que por orden del entonces jefe de la SIDE, Oscar Parrilli, se montó una vigilancia sobre la fiscalía que investigaba la muerte de Nisman, algo ilegal si no media una orden judicial.

Para afrontar la magnitud de esta nueva etapa de la investigación —que incluye el análisis de cruces telefónicos surgidos de los documentos recientemente desclasificados—, Taiano y el fiscal auxiliar Hernán Kleiman solicitaron a la Procuración General el refuerzo de cinco empleados judiciales, elevando a 12 el equipo dedicado al caso.

Mientras tanto, en las fuerzas armadas crece la inquietud por las citaciones. Algunos de los convocados ya expresaron a sus superiores su preocupación por cómo esa participación, aunque sea en calidad de testigos, podría afectar sus carreras militares.

En la causa siguen procesados Diego Lagomarsino —colaborador de Nisman y dueño del arma utilizada en el crimen— y los custodios de la Policía Federal, acusados de haber abandonado al fiscal durante 15 horas. Para la fiscalía, en ese lapso fue cuando lo asesinaron de un disparo en la cabeza.

A casi diez años del crimen, el expediente busca avanzar en la línea de responsabilidades políticas e institucionales más altas, en una causa que sigue conmoviendo a la justicia argentina.

Fuente: Clarin