El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a 15 años de prisión a un oficial de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por abusar sexual, laboral y psicológicamente de una subalterna en la misma fuerza de seguridad federal, en diversos hechos ocurridos entre 2020 y 2022 en la capital misionera. La condena fue en línea con lo solicitado en su alegato por el fiscal ad hoc ante ese tribunal, Pablo Di Loreto.

Se trata de Jorge Daniel Barceló, que era jefe de la mujer damnificada. A lo largo del debate, se pudo comprobar que el hombre acosó a la víctima de manera sistemática, insinuándosele y realizando invitaciones, las cuales, tras ser rechazadas, dieron lugar al acoso laboral y, posteriormente, a graves ataques de violencia sexual. El MPF pudo probar que todos estos hechos redundaron en el desempeño laboral de la damnificada, en tanto fue sancionada, descalificada y afectada en sus tareas por el ahora condenado.

Barceló fue condenado por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público (un hecho), abuso sexual simple consumado (dos hechos) y en grado de tentativa (un hecho), abuso sexual con acceso carnal consumado (tres hechos) y en grado de tentativa (un hecho), agravados por haber sido cometidos por un integrante de una fuerza de seguridad en ocasión de su función, todo ello en concurso real.

El tribunal también dispuso la reparación integral a la víctima comprensiva del daño material y moral y le impuso al condenado la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

A su vez, dispuso la revisión administrativa de las sanciones dispuestas a la víctima como también su situación de revista en la PNA. Finalmente, ordenó extraer una muestra biológica de Barceló e incluir su perfil de ADN en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El juicio comenzó el 8 de mayo pasado, se realizaron doce audiencias en la que declararon 20 testigos y el veredicto se conoció el pasado el 26 de agosto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Fabián Gustavo Cardozo (presidente), Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, a cargo de la fiscal interina Silvina Gutiérrez, y de la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta. Además, intervino la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy. El 23 de septiembre se realizará la lectura de los fundamentos.

Los hechos

La investigación se inició el 28 de octubre de 2022. En esa oportunidad, la víctima detalló ante la fiscalía el hostigamiento y acoso laboral que estaba sufriendo y que habían comenzado al poco tiempo de haber ingresado a dicha dotación, en enero de 2020.

La denunciante precisó que tenía un rol operativo y preponderante en la PNA hasta que el 8 de febrero de ese año, a raíz de un accidente que le ocasionó la fractura de su muñeca, pasó a realizar tareas administrativas.

La víctima relató que Barceló comenzó a modificar su comportamiento, su trato hacia ella y comenzaron los hechos de acoso y hostigamiento laboral. Durante esos días, su jefe la invitó a tomar algo para “conocerse mejor”. La mujer rechazó su propuesta y como consecuencia se desencadenaron una serie de hechos violentos contra su persona, tales como gritos, insultos y amenazas.

"Estoy aliviada. Hay muchas violencias, acosos y abusos dentro de la fuerza y se tienen que terminar. No saben lo bien que se siente después, no pensé que me iba a aliviar tanto", dijo en diálogo con Fiscales.gob.ar, la víctima del caso, quien en esta causa contó con la asistencia de la DOVIC.

Además, en cada oportunidad que tenía, Barceló denigraba a la denunciante tratándola de “inútil”, diciéndole que “no sabía hacer nada” y no asignándole tareas al punto de que la mujer solo concurría a su trabajo para cumplir su horario.

Con el paso de los días, Barceló intentó nuevamente invitarla a salir a lo que la denunciante volvió a contestar que no. Ante su rechazo, volvieron a ocurrir las situaciones de maltrato: cambios permanentes de las guardias y en la organización del trabajo, sanciones, memorandos por mal desempeño y bajas calificaciones, todo ello en el período de evaluación para ascender.

La denunciante manifestó que en más de una oportunidad le suplicó a Barceló que cese de hacer las mencionadas invitaciones, que deje de maltratarla, a lo que este le contestaba: “Aquí el jefe soy yo, si no les gusta ya saben lo que tienen que hacer”. Según consta en la acusación, esto afectó psíquica y físicamente a la denunciante, que sentía mucha impotencia por lo que estaba viviendo.

La situación de vulnerabilidad de la joven se agravó aún más a partir de las conductas de Barceló destinadas a aislarla del resto de su grupo de trabajo. Así, logró el contexto propicio para concretar los ataques sexuales -siete en total, algunos consumados y otros tentados-, que sucedieron entre 2021 y el 1° de junio de 2022. Estos hechos fueron relatados por la víctima cuando amplió su denuncia en mayo de 2023. Finalmente, el hombre fue detenido el 25 de julio de ese mismo año.

La palabra de la víctima y la intervención de la DOVIC

"Estoy aliviada. Hay muchas violencias, acosos y abusos dentro de la fuerza y se tienen que terminar. No saben lo bien que se siente después, no pensé que me iba a aliviar tanto", dijo en diálogo con Fiscales.gob.ar, la víctima del caso, quien en esta causa contó con la asistencia de la DOVIC.

En marzo de 2023, la fiscalía solicitó la colaboración de la DOVIC y la intervención quedó a cargo del Programa de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal y, a través de la psicóloga Paula Leguía, se brindó acompañamiento a la víctima.

En ese contexto, la DOVIC mantuvo numerosas entrevistas y comunicaciones telefónicas que permitieron establecer un vínculo de confianza. Ello permitió que, luego de la realización de la pericia psiquiátrica ordenada, la víctima pudiera relatarle a su marido los otros hechos de acoso, violencia y abuso sexual que había sufrido por parte del imputado y que, hasta ese momento, no se los había podido contar a nadie. Como consecuencia, la víctima realizó una ampliación de la denuncia por escrito.

En diálogo con Fiscales.gob.ar, la licenciada Leguía explicó que “se trató de construir un espacio de escucha que la víctima no estaba teniendo” y eso es lo que le generó un “quiebre”, que se tradujo en animarse a contar los otros hechos de abuso de los que fue víctima. “Hubo mucho trabajo para coordinar todas las intervenciones, logramos sostener un vínculo a la distancia y evitamos la revictimización”, destacó.

Las fiscales Labozzetta y Gutiérrez destacaron que estos episodios ocurrieron en un contexto de fuerte desigualdad jerárquica dentro de la fuerza, lo que profundizó la “asimetría estructural” entre ambos.

Durante los tres años de acompañamiento por parte de la DOVIC, se mantuvo un contacto permanente y fluido con las fiscalías y la unidad fiscal que intervinieron. A su vez, se articuló y coordinó el trabajo con diversos organismos que se encontraban en el lugar, como el Gabinete de psicólogas del Poder Judicial y el defensor de Víctimas de la provincia de Misiones, que permitieron tejer una red que pudiera contener y acompañar desde distintos lugares y brindar enfoques a la víctima sin superponer las intervenciones

La psicóloga Leguía resaltó que para la denunciante fue “muy reparador” que sus compañeros supieran que ella siempre había dicho la verdad. “Fue muy importante, no solo dar cuenta de los hechos, sino poder darle voz a ella a lo largo de todo el proceso”, sintetizó.

La violencia de género en el ámbito laboral

El requerimiento de elevación a juicio de este caso incluyó un apartado con menciones a distintos marcos normativo donde se destaca que los hechos investigados revelan distintas manifestaciones de violencia contra la mujer -sexual, psicológica y simbólica- en el ámbito laboral donde trabajaban la víctima y el imputado.

Las fiscales Labozzetta y Gutiérrez destacaron que estos episodios ocurrieron en un contexto de fuerte desigualdad jerárquica dentro de la fuerza, lo que profundizó la “asimetría estructural” entre ambos.

Al hacer mención al Protocolo de Investigación y Litigio de Casos de Violencia Sexual de la UFEM, recordaron que la violencia sexual es una de las formas de violencia por motivos de género y funciona “como un mecanismo de dominación, control y humillación”, especialmente en organizaciones jerárquicas y militarizadas donde denunciar suele implicar enfrentar la falta de apoyo institucional.

En línea con el documento Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales -elaborado por la Dirección General de Políticas de Género y la

Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)-, las fiscales explicaron que estas conductas incluyen comentarios y gestos de connotación sexual no consentidos, chistes obscenos, miradas lascivas o asignación de tareas degradantes, que generan un entorno intimidante y humillante.

“El acoso laboral y la violencia sexual en las fuerzas de seguridad no son fenómenos aislados, sino prácticas sistemáticas que afectan principalmente a las mujeres”, subrayaron las fiscales, y remarcaron el fuerte impacto que estas conductas tienen en la vida y la subjetividad de las trabajadoras.