La acusación se centra en presuntos delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Los investigadores sostienen que la magistrada promovió y participó en el proyecto audiovisual con la expectativa de recibir beneficios económicos, utilizando para ello recursos públicos y comprometiendo su imparcialidad.

De acuerdo con la fiscalía, Makintach autorizó filmaciones dentro del edificio de los Tribunales de San Isidro en días inhábiles, permitió el ingreso de personal ajeno a la Justicia por accesos exclusivos para magistrados y facilitó escenas grabadas incluso en su despacho. También habría desautorizado a una funcionaria policial que intentó frenar las grabaciones y favorecido a la producción el día en que comenzó el juicio, pese a que existía una resolución que lo prohibía.

Las pruebas incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios de policías y empleados judiciales, así como material secuestrado en la productora La Doble S.A., donde se encontraron videos y guiones de la serie. Según los fiscales, estas conductas vulneraron de manera directa la independencia e imparcialidad judicial, constituyendo causal de destitución.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, presentó un escrito ante el jury de enjuiciamiento en el que adhirió al pedido de la fiscalía y reclamó la destitución de la jueza. Burlando argumentó que las maniobras de Makintach provocaron la nulidad del proceso central por la muerte del astro, con las consiguientes dilaciones y perjuicios para las víctimas.

La jueza se encuentra actualmente suspendida de sus funciones, y el jury deberá ahora definir si hace lugar al pedido de desafuero para que sea convocada a indagatoria y avance tanto el proceso penal como el juicio político en su contra.

Fuente: Infobae