La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando personal policial activo y retirado se concentró en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo provincial. En el lugar se apostaron dos patrulleros, uno sobre calle San Jerónimo y otro en 3 de Febrero y San Martín.

Los manifestantes pertenecen a la Brigada Motorizada y de Orden Público, y expresaron su disconformidad con los salarios percibidos y las condiciones laborales. Las medidas de protesta continuaron durante la mañana de este martes en Rosario, frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, donde se registró la quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.

Ante la situación, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) informó un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó a los vecinos evitar la zona.

En paralelo, la fuerza policial realizó un procedimiento en Aborígenes al 6300, donde se concretó la detención de un menor de edad y el secuestro de un arma de fuego.

Sanciones y respuesta oficial

El ministro Pablo Cococcioni confirmó que unos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas. Desde la Casa de Gobierno, acompañado por los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), aseguró que la gestión trabaja para dar respuesta a las necesidades del personal policial.

No obstante, el funcionario sostuvo que durante la protesta se produjeron acciones violentas y antijurídicas. “Se fueron conformando determinados grupos que, a partir de intereses particulares, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó.

Cococcioni también informó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por posibles ilícitos penales. “En un momento se intentó impedir la salida de móviles para el patrullaje. Se estima que unas 20 unidades fueron paralizadas y colocadas frente a la jefatura”, detalló.

Finalmente, el ministro reconoció la legitimidad del reclamo salarial, aunque advirtió que “sobre un reclamo legítimo se montaron otros intereses que de legítimos tienen muy poco”.