El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes anunció que reconsiderará la fecha prevista para el 7 de octubre como inicio del juicio por la desaparición de Loan D. P., el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio. La decisión fue comunicada durante la audiencia preliminar destinada a ordenar la prueba y definir aspectos organizativos del debate oral.

El tribunal, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco, Eduardo Ariel Belforte y Enrique Jorge Bosch (como sustituto), había dispuesto inicialmente que las audiencias se realizaran de manera presencial dos veces por semana hasta diciembre de 2026. No obstante, tras los planteos del Ministerio Público Fiscal, la querella y varias defensas, resolvió revisar el cronograma y analizar alternativas que permitan adelantar el inicio del proceso, incluso con fechas intercaladas y participación virtual en casos puntuales.

El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer remarcó la urgencia del caso: “Estamos esperando justicia. Este es un caso que amerita justicia y lo más pronto posible. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está”. En esa línea, también defendió la conformación de un equipo especial del Ministerio Público Fiscal con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas al sostener que la intervención conjunta garantiza eficacia, transparencia y seguridad en un proceso de alta complejidad.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la declaración de 161 testigos y planteó la posibilidad de incorporar por lectura otras 588 declaraciones, siempre que no fueran objetadas por las defensas. Además, las querellas pidieron medidas suplementarias como la reconstrucción del hecho y el análisis de comunicaciones entre imputados, lo que el tribunal evaluará una vez iniciado el debate.

El juicio abordará dos causas acumuladas. En la primera, siete personas están imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, delito que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión. En la segunda, otras diez personas enfrentan cargos por supuestas maniobras destinadas a desviar la investigación, incluyendo privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio y otros delitos.

A más de un año de la desaparición, y tras múltiples medidas investigativas sin resultados concluyentes, el proceso oral buscará determinar las responsabilidades penales en un caso que conmocionó a la provincia de Corrientes y mantiene en vilo a la comunidad.