En una audiencia de control de acusación celebrada el 17 de marzo de 2026, la Justicia de Corrientes resolvió el sobreseimiento libre y definitivo de un hombre que había sido imputado por un robo ocurrido en el centro de la ciudad. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, doctor Leandro Damián Llorente, tras el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El caso se había iniciado a partir de la denuncia por la sustracción de pertenencias desde el interior de un vehículo estacionado, mediante la utilización de inhibidores de señal. En ese marco, la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes elaboró el Informe N° 553/23, en el que se sostenía que, a través del análisis de cámaras de seguridad, se había logrado identificar al presunto autor.

Sin embargo, durante el avance de la investigación, el fiscal de la causa, doctor Pablo Daniel Sosa, detectó graves inconsistencias. Finalmente, el propio personal policial reconoció que las secuencias fílmicas mencionadas en el informe no existían. Aunque la fuerza intentó justificar la situación como un “error de interpretación” o administrativo, la Justicia advirtió indicios de una posible manipulación deliberada del informe con el fin de incriminar al ciudadano.

Ante este escenario, el fiscal resolvió retirar la acusación invocando los principios de objetividad y lealtad procesal. En consonancia, el juez Llorente sostuvo que la invalidez del informe original contaminaba toda la evidencia derivada, dejando sin sustento la imputación.

En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de preservar estándares éticos en el accionar estatal: “El Estado de Derecho debe tener una aspiración de superioridad ética desde la cual obrar, impidiendo que el poder punitivo actúe con las mismas pautas que las personas que cometen ilícitos”.

Asimismo, y en virtud de la gravedad institucional del hecho, el fallo ordenó a la Jefatura de Policía de Corrientes iniciar de manera urgente una investigación interna para determinar responsabilidades. El objetivo será esclarecer lo sucedido y aplicar las sanciones disciplinarias o penales que correspondan a los funcionarios involucrados en la confección del informe cuestionado.