Este jueves continuará en el Tribunal de Juicio de la ciudad de Mercedes el debate oral contra Rómulo Augusto Bobbio, acusado de presunta administración fraudulenta de un campo ubicado en Curuzú Cuatiá. Para la jornada está previsto que se desarrollen los alegatos de las partes, instancia clave antes de la sentencia.

Según la causa, el hecho se remonta al año 2019, cuando Bobbio, en representación de la firma Balboa y Bobbio SRL, firmó un contrato de consignación de venta de ganado vacuno con la empresa LANDVER S.A.. En ese acuerdo, recibió en consignación un total de 1.966 cabezas de ganado bovino, integradas por toros, vaquillonas de recría, vacas preñadas, vacas secas y animales de invernada.

La hacienda se encontraba inicialmente en el establecimiento “Buena Vista” y, tras la venta de ese inmueble, debía ser trasladada al campo “Santa Ana del Trébol”, ubicado en la Primera Sección de Curuzú Cuatiá, propiedad del imputado, donde permanecería hasta concretarse su venta.

De acuerdo a la investigación, el contrato fue renovado en dos oportunidades, fijándose como último vencimiento el 31 de julio de 2020. Sin embargo, al no registrarse novedades sobre la hacienda ni sobre la operación de venta, y ante el incumplimiento de diversas obligaciones, la firma consignante intimó en reiteradas ocasiones a Bobbio para la restitución de los animales o el pago correspondiente.

Ante la falta de respuesta, el apoderado de LANDVER S.A., el Dr. Matías Mosca Tressens, se presentó en el establecimiento rural junto al escribano Agustín Bianchi y un representante de la firma Colombo & Magliano, con el objetivo de verificar la existencia del ganado. No obstante, según consta en la causa, Bobbio habría impedido el ingreso al predio y el retiro de la hacienda.

Días después, se pudo establecer que la mayoría de los animales habría sido retirada del campo sin autorización de su propietario. Para ello, se habrían utilizado maniobras engañosas, como la generación de guías virtuales por ventas inexistentes y el uso indebido de accesos a plataformas informáticas del SENASA, con el fin de emitir Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) sin control oficial.

La investigación sostiene que estas acciones habrían permitido evitar controles sanitarios y policiales, operando a espaldas de los propietarios del ganado y en violación de los deberes asumidos, generando un perjuicio patrimonial estimado en aproximadamente 50 millones de pesos al momento de los hechos.

Con los alegatos previstos para este jueves, el juicio entra en su tramo decisivo, a la espera de la resolución del Tribunal.