El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó el “Protocolo para la instalación y uso de Cámaras de Videovigilancia en las Oficinas Judiciales Penales (OFIJU)”, en el marco del Acuerdo N° 09/26 celebrado este martes 14 de abril.

La medida surge a partir del análisis de un expediente presentado por la Coordinación de Oficinas Judiciales del Fuero Penal, con el objetivo de regular la instalación, el funcionamiento y la supervisión de sistemas de videovigilancia destinados exclusivamente a la seguridad institucional.

En ese sentido, el STJ resolvió aprobar el protocolo y extender su aplicación a todas las dependencias judiciales y del Ministerio Público. La normativa será obligatoria en las Oficinas Judiciales Penales e incluye áreas como accesos y circulación pública, salas de espera, zonas cercanas a audiencias, pasillos, sectores administrativos de atención al público y los ingresos, egresos y perímetro de los edificios.

Entre sus principales objetivos, la implementación de cámaras busca prevenir situaciones de violencia o alteraciones del orden, proteger a magistrados, funcionarios, trabajadores y público, resguardar bienes e instalaciones, facilitar la actuación ante emergencias y registrar incidentes para su análisis institucional. No obstante, el documento establece de manera expresa que el sistema no podrá utilizarse como mecanismo de control laboral permanente ni con fines disciplinarios indiscriminados.

El protocolo también fija pautas claras sobre el monitoreo y resguardo de la información. El sistema contará con un centro de monitoreo activo, almacenamiento seguro y control de accesos, además de la designación de un responsable encargado de supervisar su funcionamiento y actuar ante situaciones de riesgo.

Las imágenes tendrán carácter reservado y solo podrán utilizarse por razones de seguridad institucional, por requerimiento de autoridad competente o en el marco de investigaciones, quedando prohibida su difusión sin autorización. Asimismo, la instalación de cámaras deberá responder a un análisis previo de riesgo, considerando el flujo de personas, antecedentes de incidentes y puntos críticos de seguridad.

Como parte de las medidas de transparencia, será obligatoria la colocación de carteles visibles que informen a quienes ingresan a los espacios que están siendo grabados por razones de seguridad.

La supervisión del sistema estará a cargo del Superior Tribunal de Justicia o del organismo que se designe, en coordinación con áreas técnicas. Con esta decisión, el Poder Judicial avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad en sus dependencias, estableciendo al mismo tiempo criterios claros para garantizar el respeto a la privacidad y los derechos de las personas.