El Dr. Adrián Casarrubia, de la UFIC, confirmó que ya se identificaron responsables en algunos casos y remarcó que los hechos constituyen delitos penales. Llamó a no generar alarma, pero sí a fortalecer el diálogo familiar.
El fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Dr. Adrián Casarrubia, se refirió a las amenazas e intimidaciones públicas registradas en distintos establecimientos educativos, entre ellos la Escuela Normal, el Colegio San Carlos, la Técnica General San Martín y un colegio secundario de Chavarría.
El funcionario llevó tranquilidad a la comunidad educativa al señalar que no es necesario alarmarse, aunque subrayó la importancia de que los padres mantengan un diálogo activo con sus hijos, especialmente aquellos que cursan la secundaria. En ese sentido, advirtió sobre la influencia de desafíos virales que circulan en redes sociales y que pueden incentivar este tipo de conductas.
“Muchos chicos se prestan a esto porque existe un trasfondo viral de cumplir metas. Por eso, es fundamental que desde la familia se establezcan límites, valores y principios, ya que se trata de un delito”, explicó. Además, recordó que los adolescentes a partir de los 16 años son penalmente responsables y pueden ser investigados por esta Unidad Fiscal.
Casarrubia indicó que ya se trabaja sobre hechos concretos y que en algunos casos, como en la Escuela Normal y el Colegio San Carlos, se logró individualizar a los presuntos autores. También hizo hincapié en la responsabilidad de los padres ante la conducta de sus hijos.
En cuanto a las medidas adoptadas, el fiscal detalló que se activaron protocolos junto a la Policía de Corrientes, tanto en materia de investigación como de prevención. Entre las acciones, mencionó la revisión de mochilas en algunos establecimientos, aclarando que se trata de un procedimiento voluntario que, en caso de negativa, puede realizarse con la presencia de los padres.
“Estamos dando directivas para que las escuelas informen previamente a las familias sobre estas medidas, de modo que puedan dialogar con sus hijos y prestar su consentimiento por una cuestión de seguridad”, señaló.
Finalmente, el fiscal aseguró que la Unidad Fiscal continuará trabajando con firmeza para esclarecer los hechos y dar con los responsables. “No nos vamos a relajar. Vamos a utilizar todas las herramientas que el Estado nos brinda. Esto es un delito y tiene pena de prisión”, concluyó.
