Nacional, Friday 24 de April de 2026

El juez federal determinó que no hubo delito ni uso indebido de fondos públicos. La decisión siguió el dictamen de la fiscalía, que descartó gastos atribuibles al Estado por la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este viernes archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al viaje de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos.

La decisión se apoyó en la inexistencia de delito y coincidió con el criterio de la fiscal Alejandra Mángano, quien ya había dictaminado a favor del cierre del expediente tras analizar las pruebas reunidas durante la investigación.

La causa se había iniciado el 11 de marzo de 2026 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó el traslado de Bettina Angeletti a la ciudad de Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial, al sostener que no cumplía funciones institucionales y que su presencia respondía a motivos personales.

Durante la instrucción, la fiscalía impulsó diversas medidas de prueba. Entre ellas, solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, revisó los manifiestos de pasajeros de vuelos oficiales y analizó registros de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo consumos con tarjetas corporativas.

Según la resolución, Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que no requería una autorización administrativa específica. Además, de acuerdo a lo informado por la Secretaría General, su participación fue en carácter de invitada y no implicó erogación alguna para el Estado Nacional.

En cuanto a los gastos, se constató que el alojamiento correspondió a habitaciones dobles sin costos adicionales y que no hubo viáticos ni consumos extra atribuibles a la esposa del funcionario. Los gastos registrados en tarjetas corporativas se limitaron exclusivamente a erogaciones del propio Adorni.

Con estos elementos, el magistrado concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de uso indebido de fondos públicos, lo que derivó en el archivo definitivo de la causa.