Este viernes se llevó a cabo en la Legislatura de la provincia de Córdoba la cuarta jornada del Jury de Enjuiciamiento a los fiscales del caso Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. El proceso continuó con las declaraciones de los testigos propuestos por las partes. Entre los más importantes, estuvo Miguel Rohrer, alias “El Francés”, el empresario al que la familia de la víctima apuntaba por el homicidio. También estaba citada Alicia Cid, examante del viudo Marcelo Macarrón, pero fue desestimada.

Rohrer fue el primero en declarar este viernes. El hombre había sido apuntado por la familia Macarrón como sospechoso durante un tramo de la causa y él, ante los jueces del jury, los acusó de no querer que se esclarezca el homicidio. En este sentido, también dijo que Marcelo Macarrón nunca estuvo “dolido por la muerte de su esposa”.

Otro testigo del día fue Rodrigo Ceballos, detective de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del MPF, quien trabajó en la causa cuando estaba a cargo del fiscal Pizarro. Él dijo que, en ese momento, el expediente estaba caratulado como homicidio calificado por el vínculo contra Marcelo Macarrón y que “les encargaron seguir la línea de una motivación por disputas económicas y desavenencias matrimoniales”, según consignó La Voz.

También contó que hubo un ataque informático en 2022 en el que se perdieron las pruebas de los correos electrónicos y que las compañías telefónicas no entregaron las sábanas de las llamadas del año 2006, porque ya no estaban bajo resguardo.

El cronograma de audiencias se extenderá hasta la próxima semana y, una vez concluida la etapa testimonial, se fijará la fecha para la presentación de los alegatos de las partes.

Fuentes judiciales indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento deberá emitir una resolución antes del 28 de mayo. La decisión final se limitará a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales involucrados.

Cómo fue la tercera audiencia

La tercera audiencia estuvo centrada en los señalamientos de peritos y forenses sobre la forma en que se manejó la escena y las pruebas del caso.

El médico forense Martín Subirachs declaró que el equipo que intervino en la vivienda de la víctima carecía de insumos y materiales estériles, lo que afectó la manipulación de la evidencia. “Nunca tuvimos un maletín para ir a la escena del crimen, no teníamos insumos”, sostuvo ante el tribunal.

Subirachs, quien llegó a la casa de la calle 5 del country Villa Golf, en Río Cuarto, junto al fiscal Javier Di Santo y personal policial, detalló que debió desarmar el nudo del cinto homicida con sus manos ante la falta de tijeras estériles y colocarlo en una bolsa plástica común.

En sintonía —y de acuerdo al diario La Voz, que realiza una cobertura del minuto a minuto del jury— Nidia Modesti, doctora en genética, señaló que la causa estuvo marcada por dificultades en la cadena de custodia y problemas en el procesamiento de muestras biológicas.

Modesti también mencionó que parte del material recolectado, como un cabello hallado en la escena, fue enviado directamente al FBI y no pasó por el laboratorio provincial. “En ocho muestras de las doce de la bata del cinto se identificó ADN de Macarrón”, afirmó, aunque aclaró que también detectaron ADN masculino y femenino que no pudieron identificar, algo que atribuyó probablemente a contaminación o transferencias previas.

“Fue una causa muy compleja, había mucha presión y desconfianza, por algo se llevó al FBI. Estaba permanentemente cuestionada”, dijo la genetista.

A su turno, el forense Mario Germán De Vignolo relató que fue convocado por la Fiscalía General varios días después del hecho para colaborar con el caso. Presentó un informe en el que concluyó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, con estrangulamiento por cuerda y manual, y que había signos de relación sexual consentida o sin violencia.

También declaró Lucas Rosales, responsable de la unidad judicial de Río Cuarto al momento del crimen. Explicó que la investigación siguió directivas del fiscal Di Santo y que se tomaron testimonios a empleados y personal policial.