Los casos de Paulina Lebbos y Nora Dalmasso, atravesados hoy por instancias judiciales que coinciden en el tiempo, permiten observar con claridad un problema estructural: cuando la Justicia investiga mal, no solo falla, sino que también garantiza la impunidad. En ambos expedientes, más allá de las particularidades, hay un denominador común: quienes tenían la responsabilidad de esclarecer los hechos no hicieron lo que debían hacer.

No se trata únicamente de errores aislados. En los dos casos, la falta de resultados no puede explicarse sin revisar cómo se llevaron adelante las investigaciones. Si hubo negligencia, hay responsabilidad. Y si hubo algo más que negligencia, también. La consecuencia es la misma: no hay condenas y las víctimas quedan relegadas a un segundo plano.

En el caso Dalmasso, uno de los argumentos recurrentes es que no puede hablarse de fallas porque no está probado quién fue el asesino. Sin embargo, ese razonamiento invierte la lógica del problema. Si no está probado, es justamente porque la investigación no logró probarlo. Se apeló a tecnicismos en lugar de asumir que se siguieron pistas erróneas, se construyeron hipótesis débiles y se desviaron responsabilidades. Durante años, el expediente avanzó sobre teorías inconsistentes, incluso con planteos sin sustento fáctico. Todo esto ocurrió pese a contar con recursos excepcionales, que no se tradujeron en resultados concretos. Ya en etapas tempranas existían elementos que podían haberse profundizado, pero no se hizo.

El caso Lebbos muestra un recorrido similar. La causa estuvo prácticamente paralizada durante años bajo la conducción de un fiscal que luego fue condenado por encubrimiento. Ese dato no es menor: habla de una investigación que no solo fue ineficiente, sino que además contribuyó activamente a obstaculizar el esclarecimiento del crimen. Esa inacción inicial condicionó todo lo que vino después y explica, en gran medida, por qué todavía hoy no hay certezas sobre los responsables.

Ambas causas llegaron a juicio con debilidades estructurales evidentes. Y cuando un caso mal investigado llega a esa instancia, el desenlace suele ser previsible: los procesos se desmoronan. No porque los hechos no hayan ocurrido, sino porque no se construyó una base sólida para probarlos.

El problema excede estos dos expedientes. No es solo la Justicia que interviene en grandes causas políticas, sino también la que impacta directamente en la vida cotidiana. Es esa “Justicia de a pie” la que, cuando falla, deja consecuencias irreparables. Y lo hace sin enfrentar, en la mayoría de los casos, ningún tipo de consecuencia interna.

Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno: en las últimas décadas, una proporción mínima de las causas llega a juicio oral, y eso ni siquiera garantiza condenas. En ese contexto, la idea de que quien comete un delito paga por ello queda más cerca de un eslogan que de una realidad.

Lo más grave es que el sistema judicial no suele dar explicaciones. La falta de rendición de cuentas no solo perpetúa los errores, sino que también profundiza el daño a las víctimas y sus familias. Porque mientras las causas se diluyen, el dolor permanece intacto.

El avance de las instancias vinculadas al caso Dalmasso, especialmente en lo que respecta al accionar de quienes investigaron, representa una oportunidad para ver si el sistema es capaz de revisarse a sí mismo. O si, una vez más, todo seguirá igual. Si eso ocurre, no será una sorpresa. Pero sí será, otra vez, una confirmación de que la impunidad no es la excepción, sino la regla.

Fuente: C3