La Justicia Federal de Córdoba investiga un episodio que fue calificado como insólito y escandaloso, luego de que una familia denunciara haber sido víctima de un supuesto falso allanamiento perpetrado por personas que habrían utilizado un móvil oficial de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con información publicada por Cadena 3 y fuentes vinculadas a la investigación, el hecho ocurrió el pasado sábado por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Cochabamba, en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.

Hasta el domicilio llegó una camioneta Toyota Hilux ploteada con los logos de la Policía Federal Argentina. Del vehículo descendieron cuatro personas encapuchadas, tres de ellas con uniformes oficiales de la fuerza.

Según el relato de la familia, cuando la propietaria de la vivienda abrió la puerta, los hombres le manifestaron que se encontraban realizando un allanamiento. Le indicaron que tres de ellos eran policías y que el cuarto actuaba como supuesto testigo civil.

Sin embargo, los sospechosos no habrían exhibido una orden judicial ni dejado constancia alguna del procedimiento. Mientras uno de ellos permaneció junto a la mujer y sus pequeños hijos, los otros tres comenzaron a revisar distintos sectores de la vivienda.

Posteriormente, el dueño de casa, quien aseguró dedicarse a la compra y venta de vehículos y también a la explotación de una verdulería, denunció que los encapuchados se llevaron alrededor de 32 millones de pesos, además de joyas y otros elementos de valor.

El hombre sostuvo que el dinero correspondía a la venta de una camioneta Volkswagen Amarok, operación que, según indicó, se había concretado apenas cinco días antes del hecho.

Durante la requisa, los sospechosos incluso habrían roto una pared de la vivienda en busca de una supuesta caja fuerte que finalmente no encontraron.

Antes de retirarse, también se llevaron el archivo DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad de la vivienda, aparentemente con el objetivo de evitar que quedaran registros de lo ocurrido.

Las sospechas de la familia comenzaron a crecer cuando el propietario regresó al domicilio y advirtió que los supuestos policías no habían dejado ningún tipo de documentación sobre el procedimiento realizado.

Esa misma tarde, la familia se presentó en la unidad judicial que funciona en la Comisaría 6ª del barrio General Paz, donde les informaron que desde allí no se había ordenado ningún allanamiento.

Luego consultaron en dependencias de la Policía Federal, tanto en Nueva Córdoba como en la división Antidrogas, aunque también recibieron respuestas negativas.

Finalmente, el lunes acudieron a los Tribunales Federales. Allí se constató que el juzgado de turno durante el fin de semana tampoco había autorizado un procedimiento como el denunciado.

Ante esta situación, intervino la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian, donde se tomó declaración a los damnificados ante la posibilidad de que hubieran sido víctimas de un falso allanamiento.

En un primer momento, los investigadores analizaron la hipótesis de que se tratara de delincuentes que se habían hecho pasar por policías, una modalidad utilizada en distintos hechos delictivos.

Sin embargo, la investigación tomó un giro aún más grave cuando se revisaron cámaras de seguridad de la zona y se detectó la presencia de una camioneta Toyota Hilux ploteada con los logos de la Policía Federal circulando por el barrio el mismo sábado por la mañana.

Los investigadores se dirigieron entonces a la base de la Policía Federal y encontraron un vehículo asignado a la brigada de Investigaciones que coincidía con el observado en las cámaras de seguridad.

Según trascendió, en el libro de guardia figuraba que la camioneta no había sido utilizada durante la jornada del sábado. No obstante, se habría detectado una presunta adulteración en el registro del kilometraje para que coincidiera con el que marcaba el tablero.

La situación se habría complicado aún más al revisar el sistema de GPS incorporado al vehículo, elemento que pasó a formar parte de las evidencias analizadas por la Justicia.

Ante estos indicios, el fiscal Hairabedian solicitó al juez federal Alejandro Sánchez Freytes la detención de dos efectivos de la Policía Federal, mientras continúa la investigación para identificar a otros dos sospechosos que habrían participado del hecho.

Durante las medidas judiciales también surgió otro dato que llamó la atención de los investigadores: los dos policías detenidos habrían cambiado sus teléfonos celulares y sus líneas el martes posterior al procedimiento realizado en la base policial, cuando se detectó la camioneta que ahora se encuentra bajo investigación.

La causa continúa en plena etapa investigativa y la Justicia Federal busca determinar si efectivos de la propia fuerza utilizaron recursos oficiales para cometer el millonario robo o si existieron otras personas involucradas en el hecho.

Fuente: C3