El Juzgado de Garantías de Mercedes dispuso la suspensión, por el plazo de seis meses, de los descuentos, intereses y reportes de morosidad relacionados con un préstamo de $2.500.000, cuya contratación se encuentra bajo investigación en una causa por una presunta estafa.

La medida fue adoptada por la Dra. Simy B. Benasayag, mediante la Resolución N° 780/26, a partir de una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal, con intervención del fiscal del caso, Dr. Adrián Casarrubia. La investigación se tramita en el legajo judicial N° 24798/26.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer de 70 años, quien manifestó haber recibido una llamada de una persona que se presentó como representante de un banco. Luego de brindar datos personales, advirtió que se había generado un préstamo a su nombre que aseguró no haber solicitado.

Según los informes incorporados a la investigación, el crédito fue acreditado a las 15:04:45 y, apenas unos minutos después, a las 15:16:12, la totalidad del dinero fue transferida a una cuenta de Naranja X perteneciente a la misma titular. Posteriormente se registraron dos egresos por $1.300.000 y $1.200.000.

La Fiscalía se encuentra a la espera de informes de Naranja X y Claro Pay, que permitirán avanzar en la reconstrucción del recorrido de los fondos.

La denunciante también señaló que no utilizaba su cuenta de Naranja X desde fines de 2024 y que, pese a desconocer la contratación del préstamo, había continuado afrontando las cuotas y los intereses. Además, había realizado un reclamo ante el banco.

La situación de la denunciante

Al analizar el pedido fiscal, la magistrada consideró que el desconocimiento de la operación, la transferencia inmediata de la totalidad del crédito y los movimientos posteriores constituyen, en esta etapa de la investigación, indicios concordantes suficientes para sustentar la medida cautelar.

La resolución aclara que esta valoración es provisoria y que no implica una decisión definitiva sobre la existencia del delito ni sobre sus responsables.

También se tuvo en cuenta el peligro derivado de la demora, debido a que los descuentos mensuales continuaban afectando los ingresos de la denunciante mientras se investiga el destino del dinero.

En particular, la magistrada ponderó su situación de vulnerabilidad por tener 70 años, su condición de presunta víctima y la continuidad de los descuentos pese al reclamo realizado. Para ello, hizo referencia al artículo 100 del Código Procesal Penal y a las Reglas de Brasilia, vinculadas con la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Qué deberá hacer el banco

La cautelar tendrá vigencia durante seis meses desde la notificación al Banco, sucursal Mercedes. Durante ese período, la entidad deberá cesar inmediatamente los descuentos automáticos, ordinarios, extraordinarios o punitorios vinculados con el préstamo investigado.

También deberá suspender los débitos correspondientes a capital, cuotas, intereses, gastos y accesorios, además de abstenerse de generar nuevos intereses o cargos que incrementen el saldo.

La resolución establece, asimismo, que deberán suspenderse los reportes de morosidad o riesgo crediticio ante la Central de Deudores del Banco Central que se originen exclusivamente en esa operación.

La cuenta de la denunciante deberá mantener su funcionamiento habitual y la disponibilidad de los restantes fondos.

El banco deberá acreditar el cumplimiento de la medida dentro de las 48 horas de haber sido notificado, aunque la resolución establece que ese plazo no demora la ejecución inmediata de la cautelar.

Finalmente, la magistrada aclaró que la medida no cancela la deuda ni dispone la devolución de las sumas que ya hayan sido debitadas. La decisión podrá ser revisada si cambian las circunstancias y cualquier eventual prórroga deberá ser solicitada de manera fundada y contar con una nueva resolución judicial.